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Buenos Aires, 31 dic (dpa) - El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, afirmó hoy que la dirigente social kirchnerista Milagro Sala "no es una presa política", pese al reclamo de varios organismos internacionales por su liberación.
El funcionario subrayó que las condenas judiciales que recibió esta semana Sala "alejaron los fantasmas de una persecución" en su contra por parte del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, y otras autoridades provinciales.
"Cuando hay un juez que aplica la ley y un tribunal que dicta sentencia, no se puede hablar de presos políticos y eso es lo que sucedió esta semana con Milagro Sala. No puedo hablar si estuvo bien o mal condenada. Ahora vendrán los recursos y las apelaciones. Creo que es un buen ejemplo de una Justicia que funciona", declaró Garavano a Radio 10 de Buenos Aires.
Sala es la principal referentedel movimiento Túpac Amaru de la norteña provincia argentina de Jujuy, una agrupación vinculada al kirchnerismo que en Jujuy llegó a tener más de 100.000 adherentes. Durante los gobiernos del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), la Túpac Amaru recibió fondos multimillonarios del Estado para sus actividades sociales y la construcción de viviendas.
La activista social fue detenida en enero pasado, durante un acampe en la ciudad de San Salvador de Jujuy en contra de Morales. Luego fue acusada ante la Justicia de diversos delitos, entre ellos de ser presuntamente "jefa" de una asociación ilícita y "responsable" de extorsión y fraude a la administración pública por un monto equivalente a 29 millones de pesos (1,8 millones de dólares).
En las últimas semanas, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, solicitaron a Argentina que libere a Sala por considerar que su detención viola estatutos humanitarios internacionales.
Todos ellos consideran que la detención de Sala se concretó de un modo "arbitrario", durante una protesta social y "en ejercicio legítimo de la libertad de expresión", una condición que no debe estar "sujeta a criminalización u otras formas de represión".
El miércoles, Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso tras ser hallada culpable como instigadora de una violenta protesta en 2009 contra políticos radicales, entre ellos el hoy gobernador Morales.
Un día más tarde, la Justicia volvió a fallar en contra de la dirigente kirchnerista. Fue condenada a pagar una multa y no poder integrar asociaciones civiles durante tres años y tres meses tras encontrarla responsable de encabezar en diciembre de 2015, durante 52 días, una protesta que incluyó la instalación de carpas en la plaza principal de San Salvador de Jujuy.
Por otra parte, Garavano destacó que en las últimas semanas se dictaron fallos relevantes en la Argentina, entre ellos el procesamiento judicial de Fernández de Kirchner por supuesta asociación ilícita y la reapertura de la denuncia contra la ex mandataria por supuesto encubrimiento que había presentado el fiscal Alberto Nisman, fallecido hace casi dos años por un disparo en la cabeza, sin que se haya dilucidado aún si fue un suicidio o un homicidio.
"En conjunto tiene una carga muy fuerte, pero es habitual que para fin de año se saquen resoluciones que estaban para resolver. Desde ese punto de vista, es normal que esto suceda. Tenemos una Justicia que este año se ha despertado y ha actuado con independencia. Ha actuado contra el Gobierno anterior y este Gobierno. Nos parece sano, siempre y cuando se resuelva en un tiempo razonable. Lo que no debe haber es que pase años y años y no se resuelva", evaluó el ministro.
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dpa cec ij
312051 GMT Dez 16
BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, afirmó hoy que la dirigente social kirchnerista Milagro Sala "no es una presa política", pese al reclamo de varios organismos internacionales por su liberación.
El funcionario subrayó que las condenas judiciales que recibió esta semana Sala "alejaron los fantasmas de una persecución" en su contra por parte del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, y otras autoridades provinciales.
"Cuando hay un juez que aplica la ley y un tribunal que dicta sentencia, no se puede hablar de presos políticos y eso es lo que sucedió esta semana con Milagro Sala. No puedo hablar si estuvo bien o mal condenada. Ahora vendrán los recursos y las apelaciones. Creo que es un buen ejemplo de una Justicia que funciona", declaró Garavano a Radio 10 de Buenos Aires.
Sala es la principal referente del movimiento Túpac Amaru de Jujuy, agrupación vinculada al kirchnerismo que en Jujuy llegó a tener más de 100.000 adherentes.
Durante los gobiernos del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), la Túpac Amaru recibió fondos multimillonarios del Estado para sus actividades sociales y la construcción de viviendas.
La activista social fue detenida en enero pasado, durante un acampe en la ciudad de San Salvador de Jujuy en contra de Morales.
Luego fue acusada ante la Justicia de diversos delitos, entre ellos de ser presuntamente "jefa" de una asociación ilícita y "responsable" de extorsión y fraude a la administración pública por un monto equivalente a 29 millones de pesos (1,8 millones de dólares).
En las últimas semanas, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, solicitaron a Argentina que libere a Sala por considerar que su detención viola estatutos humanitarios internacionales.
Todos ellos consideran que la detención de Sala se concretó de un modo "arbitrario", durante una protesta social y "en ejercicio legítimo de la libertad de expresión", una condición que no debe estar "sujeta a criminalización u otras formas de represión".
El miércoles, Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso tras ser hallada culpable como instigadora de una protesta en 2009 contra políticos radicales, entre ellos el hoy gobernador Morales.
Un día más tarde, la Justicia volvió a fallar en contra de la dirigente kirchnerista. Fue condenada a pagar una multa y no poder integrar asociaciones civiles durante tres años y tres meses tras encontrarla responsable de encabezar en diciembre de 2015, durante 52 días, una protesta que incluyó la instalación de carpas en la plaza principal de San Salvador de Jujuy. (DPA)